La Fiscalía ha solicitado penas que suman 26 años de cárcel y multas por valor de 140.400 euros para siete empresarios de Orihuela, Callosa del Segura y Redován acusados de realizar vertidos ilegales en el curso fluvial antes del año 2002. En cambio, el Ministerio Público no ve delito en la actuación de los ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Antonio Nieto y Juan Cánovas, como tampoco en la dos ex directivos del ente.
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