El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, ordena acusar a los atacantes de atentado a la autoridad, ya que considera que profesores y sanitarios ejercen funciones públicas. El mandato, que se ha transmitido mediante una instrucción interna, afirma que una agresión a uno de estos profesionales no es simplemente el ataque a una persona individual, sino que se trata de "la perturbación de la función pública que ejercen" y, con ello, no sólo se les lesiona a ellos, sino también a los usuarios de unos servicios públicos que están garantizados.
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