Una organización en defensa del respeto a las garantías judiciales, ha pedido a la Oficina del Defensor del pueblo sueco que abra una investigación sobre la actuación de la fiscal por “su extraño, grosero e inapropiado comportamiento tras infringir su deber de imparcialidad con arreglo al Estado de Derecho que tiene que seguir y servir”. La responsable de este caos está casada con Per Kjellstrand que trabaja para el Departamento de Justicia de Suecia.
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