A finales de 2007, a través de la Campaña Colombiana contra Minas, se filtró una denuncia que inicialmente pareció una burla al sentido común. La información provino de un pueblo donde habían salido desplazadas 5.000 personas. Un hombre que pisó una mina sembrada por el frente 15 de las FARC, aseguró que la guerrilla le estaba cobrando 500.000 pesos (unos 160 Euros) por algo que, según la lógica del grupo armado, no estaba destinado para él.
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