Los servicios sociales penitenciarios de Valencia tienen 2.700 condenas de trabajos en beneficio de la comunidad sin poder ejecutar porque no hay plazas para ello. Se espera, además, que los últimos cambios en el Código Penal respecto a las sanciones de tráfico disparen este tipo de sentencias y la situación se agrave. Los expertos piden, por tanto, que se incentive a los ayuntamientos y a las organizaciones sociales para que pongan fin a sus recelos actuales y se impliquen en el problema.
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