En el manifiesto se denuncia que "el Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural". "Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura", señala el manifiesto, que pide "un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria".
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