Iba a ser, de acuerdo con el compromiso públicamente adquirido por Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, un acto “discreto, respetuoso, sin periodistas”. Un mero trámite, aséptico y administrativo. Sería en la madrugada del domingo al lunes, para no disturbar a la congregación religiosa que en el Valle de los Caídos reside. “Cuando os levantéis, ya habrá acabado todo”, aseguraban en La Moncloa
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