El caso de Francisco Guerrero, un ex agente de la Policía Local de Córdoba afectado por una grave enfermedad, ha vuelto a reabrir el debate sobre si a pesar de lo avanzado de la Ley de Muerte Digna de Andalucía, es necesario o no que nuestro país cuente con un nuevo marco legal más flexible para enfermedades que, como la suya, no son de carácter "terminal".
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