En la Dirección General de Trabajo, se estudia la posibilidad de poner a los inspectores a trabajar para detectar el fraude. Según datos del Ministerio de Economía, la denominada "economía irregular", o sumergida, ha crecido en torno a un 30% en España desde que comenzó la crisis. El sistema es muy sencillo. El empresario decide, de común acuerdo con el trabajador, su despido. El trabajador pasa a percibir la prestación por desempleo, pero, en realidad sigue "prestando sus servicios" para quien le ha despedido.
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