Los juristas coinciden en que el derecho de la ciudadanía a conocer la información debe prevalecer, dado el alto perfil institucional de Cifuentes. Tanto en el caso del Trabajo Fin de Máster como en las pruebas de que aprobó todas las asignaturas en 2012, la última palabra es suya: si es cierto que existen, a la universidad le bastaría con su autorización para hacerlo público. La Ley de Protección de Datos incluye una excepción: "ante razones de interés público", se debe conceder el acceso a la información
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