La participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de un exministro georgiano, sentenciado en su país por secuestro, torturas, abuso de poder y otros delitos, y actualmente asesor de la Fiscalía General de Ucrania, ensombrece la credibilidad del Gobierno de Kiev a la hora de perseguir a las autoridades rusas por crímenes de guerra.
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