Las medidas tomadas en China y otros países asiáticos para aplanar la curva del coronavirus han supuesto el rastreo de teléfonos sin opción a privacidad para el usuario. Ahora lo está haciendo el gobierno de nuestro país, y de muchas otras naciones occidentales, sin que sepamos si los derechos y libertades recogidos en la Constitución quedan garantizados. Y lo que es peor, sin que sepamos si en el futuro se reestablecerá el anonimato y la privacidad.
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