Se investiga la firma de un contrato de un local en la calle San Antonio para instalar allí oficinas municipales. El precio en que se fijó el alquiler del inmueble, 600.000 euros anuales, una cláusula de blindaje por 20 años y la regulación de las revisiones del IPC, convertían el acuerdo de arrendamiento en una sangría para las arcas municipales. El actual portavoz del Congreso en el PP, Alfonso Alonso, autorizó la operación y el actual alcalde, también del PP, Javier Maroto, la supervisó al ser entonces concejal delegado de Hacienda.
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