La Confederación Española del Comercio, que defiende los intereses de las pequeñas empresas, ha sido una de las organizaciones más beligerante en este sentido. Según esta organización, "el proyecto cambia el modelo de política comercial, rompe el consenso, invade las competencias estatutarias, daña al comercio local y compromete el desarrollo urbano de la población, favoreciendo a las grandes superficies y rompiendo consecuentemente el equilibrio entre todos los formatos".
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