ETA calculó que necesitaría, al menos, un presupuesto de 4 millones de euros al año para mantener a toda su militancia, tramas e infraestructura una vez que entrara en vigor la tregua. La banda preveía que parte de esa ayuda le podía venir del «ámbito internacional», que le compensaría la falta de ingresos motivada por su decisión de cancelar el «impuesto revolucionario».
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