El anuncio de ETA de «cancelación», como consecuencia del alto el fuego, de la extorsión del llamado «impuesto revolucionario», comunicado a las patronales navarra y vasca, no afecta a los industriales que ya habían realizado algún pago a la banda y que tienen «cuotas» pendientes, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN. La presión sobre estas personas se ha incrementado en los últimos meses, con el fin de que entreguen el dinero que se comprometieron a dar.
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