Un documento intervenido a ETA revela la petición de cuatro millones de euros a cambio de interrumpir las extorsiones o el impuesto revolucionario, dinero con el que la banda asesina financiaba el alquiler de sus pisos o la compra de armas. El aparato logístico sigue activo. Los expertos se preguntan si este dinero está llegando a sus arcas.
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