El demandante, que posee la nacionalidad española, había constituido en 1984 una empresa de producción de miel y fue detenido en 1986 por el presunto robo de varias colmenas de abejas. Los bienes que poseía en un taller de electrónica fueron decomisados. Tras pasar 135 días en prisión fue puesto en libertad por «falta de pruebas». Posteriormente, se le devolvió la indemnización de 124.040 pesetas (745,50 euros) que hubo de pagar a la empresa de apicultura que sufrió el robo de las colmenas.
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