Tanto los principios constitucionales que todos compartimos, como el hecho conocido de que la española haya pasado a ser una sociedad multirreligiosa, exigen que en las dependencias públicas no haya símbolos de ninguna confesión. Pues el mismo respeto que merecen todas ellas mientras no atenten contra los derechos personales lo merece también un principio que ya nadie se atreve en España a discutir: que Estado y religión no deben confundirse.
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