El límite de velocidad en todas las autopistas y autovías del país -independientemente de que sean de titularidad estatal o autonómica- se reducirá de 120 a 110 kilómetros por hora. Este cambio supondrá un ahorro para los consumidores de 440 millones de euros y, para el Estado, implicará una caída en la recaudación fiscal de 230 millones.
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