La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.
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