El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea. La cifra, que en función del desenlace de litigios aún en curso podría superar holgadamente esa cantidad, equivale a un 4% del PIB y a toda la inversión del Estado para 2022 prevista en los últimos Presupuestos, que este ejercicio se va a situar en una cuantía récord.
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