La Unión Europea está promoviendo la aplicación de una política de tarificación por uso de infraestructuras y se ha centrado hasta ahora en establecer un marco legal, a través de la Directiva Euroviñeta, que contempla la posibilidad de introducir sistemas impositivos a vehículos pesados, como paso previo a su extensión al resto del parque de vehículos. La Administración Pública ahorraría casi 102.000 millones de euros en los próximos treinta años con un sistema de peajes en las carreteras españolas.
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