El portavoz parlamentario de Vox, cuyo sueldo acaba de embargar un juez de Madrid, cambió su declaración de bienes en el Congreso en marzo de 2021, meses antes de que el Supremo le condenase a pagar 63.000 euros a una empresa. De la declaración de bienes ante el Congreso desaparecieron los dos inmuebles que en la efectuada en noviembre de 2019 figuraban a su nombre, otra vivienda y dos oficinas propiedad de sociedades en las que era accionista y tres compañías mercantiles en las que poseía participaciones por valor de 1.2 millones de Euros.
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