Al convertirse en una autoridad pública, las acciones contra el funcionamiento de su actividad, por ejemplo, se pueden perseguir de oficio desde la fiscalía, se refuerza la figura del profesor y las faltas que se realicen contra ellos tendrán una consideración de hecho más grave. La presidente de la Comunidad de Madrid lo anunciará en el debate sobre el estado de la región, y quiere que los profesores tengan esa condición y la apliquen en las clases de acuerdo a la "importantísima labor" que desempeñan en la educación de los alumnos.
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