El problema radica en que los pisos que se adquirieron con fines especulativos no están encontrando demanda y se acerca el momento en que se va a tener que abonar el precio total. Algunos de estos inversores renuncian a la adquisición del inmueble y pierden la cantidad inicial que abonaron, en torno al 20% de su valor. Esto no supone una ventaja para la empresa, ya que rompe los planes que se habían realizado en materia de ingresos, dando por hecho que se iba a cobrar el valor total del piso.
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