Las familias y empresas españolas, desde que se reactivó la crisis de deuda soberana en junio de 2011, han reducido sus inversiones en instrumentos domiciliados en nuestro país por un valor superior a los 53.000 millones de euros. Temerosos de la salud de los bancos y el futuro del euro, tienden cada vez más a esconder parte de su riqueza en divisas, propiedades, y productos de inversión fuera de nuestro país, incluso de la zona euro.
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