El Estado francés, los ayuntamientos y los particulares galos afectados por la deriva del vertido del Prestige hacia las costas de Francia valoran los daños en 86,3 millones de euros, una cantidad que España podría tener que abonar si el ex alto cargo del Gobierno de Aznar resulta condenado en el juicio del Prestige. En su momento, la propia Prefectura Marítima gala envió un fax a las autoridades españolas en plena maniobra de alejamiento para mostrar su disconformidad con el rumbo del petrolero y el riesgo que entrañaba para su costa.
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