España es en estos momentos la democracia con mayor número de aforados del mundo. Se calcula que en la actualidad hay 10.000 ciudadanos con una protección jurídica especial, aunque otras estimaciones elevan esa cifra hasta las 250.000 personas, un volumen que genera enormes disfunciones en el sistema judicial y que ampara privilegios con difícil encaje en una Constitución, que en su artículo 14 proclama que “los españoles son iguales ante la ley".
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