El retraso de casi dos años y medio que acumula España en la transposición de la directiva hipotecaria europea a la legislación nacional puede salir caro a las arcas públicas. La Comisión Europea ha amenazado ya con una multa que, a razón de 105.991 euros por cada día de demora, ronda ya los 95 millones. Y puede que no sea la única. A día de hoy, el Gobierno tiene pendientes de adaptar al ordenamiento jurídico del país un total de 31 directivas comunitarias, de las cuales 16 se encuentran ya fuera del plazo dado por el Ejecutivo europeo
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