El Gobierno aprovechará el semestre de la presidencia española de la UE para intentar "armonizar posiciones" en el debate abierto sobre la manera de conciliar la defensa de la propiedad intelectual con la libertad de expresión en la Red. La intervención del juez para el cierre de páginas web está asegurada "en todo caso" , según fuentes gubernamentales, ya que las decisiones administrativas también están sujetas a supervisión judicial. La cuestión estriba en determinar "en qué momento se judicializa" la decisión, declaró ayer De la Vega.
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