Primero fueron los funcionarios de prisiones o profesores, luego los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que llevarán la próxima semana al Senado una moción de la mano del propio Partido Popular, y ahora los científicos de los principales Organismos Públicos de Investigación, respaldados por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que fuerza al gobierno a equiparar a estos cientos de investigadores con los del CSIC y las universidades.
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