España es, por ley, un Estado sin religión oficial. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, establece el artículo 16.3 de la Constitución. Pero los responsables políticos han hecho de esa máxima papel mojado, jurando sus cargos sobre la Biblia, humillándose ante el Papa y sin restar ni un euro de la financiación pública de la Iglesia católica -que deberían pagar exclusivamente sus miembros- en tiempos en los que se recortan fondos de la educación, la sanidad y otros sectores básicos.
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