Según la fiscalía, la emergencia estaba justificada. Justificadísima. Había que tomar esa medida cautelarísima, en el lenguaje jurídico, porque el proceso iniciado por Garzón podía causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación”. ¿Perjuicios irreversibles? ¿Los de quién?
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