Los directivos de esta empresa no sólo optaron por apropiarse de facultades que bajo ningún concepto le corresponden, como el hecho de determinar la legalidad o ilegalidad de una huelga. También interpretaron de forma muy particular la fijación de los servicios esenciales, designando a trabajar al 70% de la plantilla, incluidos algunos miembros del comité de huelga.
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