Como condición para la suspensión de su entrada en la cárcel, el condenado no podrá volver a delinquir en un periodo de tres años y habrá de seguir un curso de educación sexual. Además, deberá abonar 500 euros de indemnización a cada una de las víctimas, lo cual ya había hecho antes del juicio. También estará en libertad vigilada durante cinco años e inhabilitado para realizar cualquier trabajo que implique el contacto con menores durante tres años.
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