Dos días después de desalojar a María José usando la fuerza frente a la ciudadanía y darle a la CAM las llaves de su piso, el Estado intervino la entidad financiera por los desmanes llevados a cabo mano a mano con el gobierno local. Para rescatar a María José el Estado sólo puso furgones policiales; para rescatar a la CAM subió a 5.800 millones de euros.
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