Las entidades de gestión de derechos estudian llevar a cabo acciones judiciales contra el Gobierno español. Consideran que el nuevo sistema establecido por el Ejecutivo, que contempla que la compensación por copia privada se cargue a los Presupuestos Generales del Estado y fija para ello una partida de cinco millones frente a los 115 de 2011, es contraria a la directiva europea y a la jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo....
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