Enrique Santiago, abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas. "Ha habido empresas que durante años , de forma indirecta, a través de los tesoreros del Partido Popular han venido pagando a dirigentes del Partido Popular que eran miembros del Consejo de Ministros; es decir, estaban pagando a ministros(...) Son delitos muy graves. Estamos hablando de empresas que han tenido capacidad de decisión en el Consejo de Ministros durante más de 20 años"
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