La sociedad participada por el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa empieza a exigir la devolución de miles de euros a cada exempleado condenado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cantidades "indebidamente cobradas" del plan de prejubilación de 2007, del que se desligó la Junta cuando estalló el caso
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