El estudio, elaborado mediante 2.700 entrevistas a altos ejecutivos de empresas de 26 países desarrollados y en vías de desarrollo, revela que uno de los sobornos preferidos entre las compañías españolas es el de pagar a funcionarios públicos con el fin de "acelerar las cosas". También se recurre con frecuencia a las relaciones personales o familiares para obtener contratos públicos. El menos común es el realizado a políticos de alto nivel o partidos políticos.
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