La envergadura de la medida y la "farragosa" redacción –así la definen los agentes sociales– del real decreto ley que la regula ha provocado un aluvión de consultas a los despachos de abogados sin parangón en los últimos siete años. "Las dudas de las empresas han sido muchas y muy dispares", asegura Fernando Bazán, socio de laboral de Deloitte Legal. Desde Garrigues, su colega Eloy Castañer aclara que los empresarios no están planteando sistemas para incumplir la ley, pero sí buscando "fórmulas imaginativas" (...)
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