Hubo "ánimo de lucro", "facturas de enorme desproporción" y "no imputales" a contraprestación alguna, "presupuestos ficticios", "adjudicaciones sin concurso", "trabajos "que no correspondían a la realidad", "beneficio fraudulento", "apropiación de fondos públicos" "salidas invisibles" de dinero a paraísos fiscales y "voluntad de ocultar" la fortuna de esos contratos irregulares adjudicados por la "posición social e institucional" de Iñaki Urdangarín.
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