Para la construcción de parte de las instalaciones de la Expo, el Gobierno decidió contratar al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Garzón en la «operación Gürtel». La empresa «Begar Construcciones y Contratas», propiedad del citado empresario, recibió la adjudicación para la construcción de un edificio de oficinas en la exposición, con un presupuesto de 7.702.616 euros. Este importe se suma a la adjudicación de contratos por más de 130 millones que el Ejecutivo de Zapatero realizó a las empresas de Ulibarri entre 2004-2008.
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