La Comisión Europea propuso ayer a los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) una directiva que sancione con elevadas multas, e incluso cárcel, a los empresarios que contraten a inmigrantes sin papeles, para intentar frenar la creciente avalancha de irregulares en Europa que huyen de la miseria de sus países. El régimen sancionador prevé que las personas que den empleo a sin papeles corran con los gastos de repatriación del inmigrante irregular.
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