En un comunicado, el despacho de abogados Col·lectiu Ronda criticó que Claved --filial de la francesa Sofisme-- "utilice la ventaja de la política de reinserción de la Generalitat para obtener mano de obra barata y fácilmente despedible, una nueva forma de precarización laboral". De hecho, según los abogados, los trabajadores despedidos cobran 24 euros por hora, mientras que las prisioneras cobran 9.
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