"La Consejería de Empleo ni tiene ni ha tenido jamás fondos ilegales. Es imposible e impensable que estos existan. Todo es público, transparente, legal y debatido en la comisión de empleo del Parlamento. Son fondos legales y conocidos en el Parlamento por todas las fuerzas políticas". Así defendió ayer el consejero Manuel Recio los 641 millones de euros que, según sus cifras, se han gastado en ayudas a prejubilaciones entre 2001 y 2009, donde se incluye Mercasevilla. Negó, pues, que sus antecesores lo usaran ilegalmente.
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