Los poderes establecidos impusieron a partir de la segunda mitad de los años setenta, el abandono de las metas de pleno empleo, tributación progresiva, y de servicios de salud y educación de buena calidad para la mayoría de la población. Esos objetivos fueron remplazados por la estabilidad de precios, el balance presupuestal y la idea de que el mercado sería capaz de proporcionar crecimiento económico y empleos suficientes para la población.
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