Por si fueran pocos los líos energéticos que existen en España, en las próximas semanas va a estallar otro. Si no se adopta una solución, 54.578 organismos públicos se encontrarán en situación de alegalidad a partir del 1 de enero en sus contratos de suministro eléctrico.La ley ampara a las eléctricas para que puedan cortarles unilateralmente la luz desde esa fecha.Hace meses, la CNE alertó del problema, algunos alcaldes habían pedido amparo, al tiempo que culpaban a las eléctricas, diciendo que no existían ofertas de libre mercado atractivas.
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