Ya hay sentencia en el primer juicio contra Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo le condena por prevaricación al intervenir las onversaciones telefónicas de los abogados defensores de la trama Gürtel con sus defendidos. Violar el secreto de las comunicaciones entre un acusado y su abogado es contrario al Estado de derecho. Y puede haber habido una extralimitación. Pero se hace muy cuesta arriba –a la espera de leer la sentencia– admitir la prevaricación. Porque la actuación del juez fue avalada por la fiscalía, y el juez posterior.
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